Mientras la tensión sigue en Europa debido a la ocupación rusa en Georgia y los dimes y diretes entre la UE, Rusia y Estados Unidos para el retiro de las tropas, en Sudamérica las cosas no están mucho mejor. Los enfrentamientos armados en Bolivia hacen temer una guerra civil, puesto que los oponentes al Gobierno de Evo Morales han aumentado la violencia de sus agresiones contra la policía, lo que ha originado decenas de muertos y la declaración de estado de sitio en algunos sectores del país.
Si bien las autoridades limeñas han sostenido reuniones con los prefectos disidentes para buscar una conciliación, por ahora no se ve una pronta salida, ya que los mandamases de Tarija, Santa Cruz, Pando, Beni y Chuquisaca, agrupados en el Consejo Nacional Democrático, tienen un marcado carácter antagonista al del actual gobierno, por lo cual han rechazado tanto el Impuesto Directo de Hidrocarburos como el Referendo Nacional y claman por autonomía administrativa.
De esta forma, el conflicto sigue causando hostilidades entre los propios habitantes de las regiones en cuestión, donde se ha acusado a los gobernadores de contratar sicarios peruanos y brasileños para amedrentar a la población y crear grupos subversivos que estimulan el desorden y los excesos. Junto con lo anterior, crece con fuerza la posibilidad de que el Gobierno de George Bush esté apoyando económica y logísticamente a los opositores, buscando de esta manera la desestabilización del Ejecutivo y el derrocamiento de la república de carácter socialista que desea impulsar Morales.
Esta acusación tiene su asidero en las sucesivas intervenciones que el país de América del Norte ha efectuado en naciones de África y Asia en años recientes y en América Latina en las últimas décadas del Siglo XX. El ejemplo más claro de lo señalado, se observa tras la desclasificación de archivos secretos que realizó la CIA durante semanas previas y que corrobora la actuación del gobierno norteamericano durante la presidencia de Salvador Allende en Chile, apoyando financieramente actos contra el estado de derecho, como el Paro de Camioneros de 1972 y que trajeron como consecuencia el desequilibrio del régimen marxista y el posterior Golpe de Estado en septiembre de 1973.
Debido a lo anterior es que Evo Morales decidió expulsar al embajador norteaméricano en La Paz, acusándolo de conspirar contra su gobierno y elaborar planes separatistas, a lo que se sumaron los presidentes de Venezuela y Nicaragua, haciendo lo propio en apoyo moral para con Bolivia. Estados Unidos por su parte, respondió deportando a los diplomáticos boliviano y venezolanos en Washington.
Se espera que tras la reunión que sostendrán los presidentes de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) en Santiago de Chile esta semana, se encuentre una solución al actual problema, aunque se teme solo sea el inicio de una confrontación mayor, puesto que el presidente llanero, Hugo Chávez, ha advertido que de ocurrir un golpe de estado en Bolivia, el ejército de su país ocupará militarmente la zona altiplánica, lo que puede traer consecuencias insospechadas y sin duda desastrosas para América.
